El 64% que incomoda a la industria: Milei y su cruzada importadora

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei hasta enero pasado, el Gobierno implementó 138 medidas específicas destinadas a abrir la economía y liberalizar el comercio exterior, de las cuales el 64% (88 en total) se enfocaron en facilitar las importaciones para incrementar la competencia y reducir precios, pese a las críticas recurrentes desde el sector industrial por el impacto en la producción local y el empleo.

Estas acciones, detalladas en un informe oficial del Ministerio de Economía y dado a conocer por el diario La Nación, abarcaron un amplio espectro: rebajas o eliminaciones de aranceles en diversos rubros, modificaciones en licencias de importación, reducciones temporales o permanentes de retenciones a las exportaciones, derogación de reglamentos técnicos, simplificación de procedimientos administrativos (incluyendo cambios en medidas antidumping) y cambios institucionales clave, como la sustitución y posterior eliminación total del sistema SIRA (reemplazado por SEDI y luego derogado).

Las 138 medidas se materializaron mediante 37 normas (decretos y resoluciones), muchas con efectos multisectoriales, y afectaron áreas como electrónica, agroindustria, textil, calzado, insumos productivos y maquinaria. El énfasis principal recayó en la desregulación importadora, con el objetivo de elevar la competencia externa.

Infografía La Nación.

En paralelo, se adoptaron al menos 50 normas para impulsar exportaciones, principalmente en sectores primarios como el agro y los hidrocarburos, mediante eliminaciones o rebajas de derechos de exportación (por ejemplo, decretos como 697/24, 38/25 y otros hasta 877/25, algunos con vigencia temporal).

Entre los cambios destacados figuran decretos como el 384/24 y 908/24 (reducciones arancelarias en plásticos, electrodomésticos, neumáticos y bienes industriales), 333/25 (baja progresiva hasta 0% en electrónicos como celulares), y otros como 49/25, 236/25, 513/25 y 781/25 que ampliaron las rebajas en insumos y bienes de consumo. También se flexibilizaron medidas antidumping (decreto 33/25, acortando plazos y considerando impacto en precios al consumidor), se eliminaron barreras burocráticas (resoluciones como 159/24 y 156/24 en calzado, textil y productos eléctricos) y se extendió el régimen de importación temporal (resolución 32/24).

Las importaciones reflejaron esta orientación: tras una caída del 17,5% en 2024 (año de ajuste), en 2025 crecieron un 24,7% interanual, con alzas en bienes de capital (51,3%), bienes de consumo (54%) y autos (97,6%). En valores absolutos, los bienes de capital pasaron de US$11.050 millones en 2023 a US$15.073 millones en 2025, y los de consumo de US$7.940 millones a US$11.401 millones.

Seguir el camino pese a los roces

Ejemplos concretos incluyen neumáticos (importaciones +34,8% entre 2023-2025, con precios internos -42,6%) y ropa (variación de precios por debajo del IPC general en 2025). El Gobierno argumenta que aún resta espacio para mayor apertura, ya que Argentina mantiene aranceles elevados en comparación histórica y, según datos del Banco Mundial hasta 2024, figura entre las economías más cerradas en relación al PBI.

Una encuesta reciente del INDEC, dada a conocer por TDN, sobre tendencias de negocios en la industria manufacturera mostró que el 53,5% de los empresarios identifica la demanda interna insuficiente como principal limitante para aumentar producción, mientras que el 11,7% menciona la competencia de importados. Este contexto se enmarca en casos como el cierre de la planta de Fate en Virreyes (con más de 900 despidos y conflicto con el gremio, en conciliación obligatoria sin acuerdo hasta ahora), y tensiones públicas con empresarios de sectores como tubos (Techint, Paolo Rocca) o textil.

Desde el equipo económico se indicó que muchas rebajas arancelarias corrigieron subas excepcionales previas (por ejemplo, neumáticos del 16% del Mercosur al 35% en gestiones pasadas, o electrodomésticos). El Gobierno defiende el modelo como un avance hacia mayor libertad comercial, argumentando que restricciones previas implicaban limitaciones éticas y económicas a la elección de los consumidores.